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Informe del GIEI apunta al Comité Cívico de Santa Cruz, a la RJC e indica que balas salieron de la Policía y FFAA

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El Grupo Internacional de Expertos Independientes de la CIDH, presentó este martes su informe final sobre las masacres acaecidas en noviembre del 2019 en las ciudades de Sacaba y Senkata y demás departamentos de Bolivia, en donde principalmente se apunta al comité Cívico Pro Departamento de Santa Cruz, a la Resistencia Juvenil Cochala, además de aseverar que los hechos de violencia y bloqueos no se dieron esporádicamente sino por discursos antagónicos de políticos y líderes reconocidos.

“Las manifestaciones de protesta y las acciones directas de bloqueos de caminos, en las ciudades de Bolivia, que escalaron en enfrentamientos y agresiones violentas no ocurrieron de modo inesperado, fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y las instituciones que deben vigilar su comportamiento”, sostuvo Patricia Tappatá, experta del GIEI que presentó el informe final.

La representante del GIEI señaló que durante los hechos luctuosos se acrecentó la violencia racista hacia los pueblos indígenas y hacia mujeres indígenas, y la pertenencia a una etnia específica pretendió ser usada como fundamento de exclusión y violencia, por lo que se sugiere el reconocimiento a las mujeres indígenas y que los responsables de las agresiones sean sancionados.

“Cuando las violaciones de derechos no son seguidas de investigaciones que determinen responsabilidades, se instala la impunidad, por su condición destructiva, la impunidad niega y contrapone a las ansias de verdad y justicia de quienes fueron vulnerados en su dignidad, propicia la reiteración de los crímines y afecta la legitimidad del Estado de derechos”, sostuvo Tappatá, durante la presentación de las conclusiones del informe.

Por su parte el Presidente de Bolivia Luis Arce Catacora, señaló que con el informe del GIEI se puede probar fehacientemente la existencia de graves violaciones a los derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales que sucedieron en el país durante el Golpe de Estado del 2019 el cual habría sido coordinado, perpetrado y planificado antes de las elecciones de octubre de ese año.

“El informe del GIEI refiere de manera directa la conducta asumida por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, en el establecimiento de prácticas no amparadas por el derecho de protesta, al extremo de suspender derechos creando situaciones de excepción que dependen únicamente de decisiones estatales, una organización privada no puede limitar y controlar la libre circulación de personas y mucho menos emitir permisos de circulación arrogándose funciones que no le competen, estas acciones ilegales tuvieron su ejecucion y apoyo de implementación en la unión juvenil cruceñista”, sostuvo Arce al momento de leer parte del informe del GIEI.

La autoridad detalló que el informe refiere “que una reunión del 12 de noviembre del 2019, en el senado, sin el quórum previsto en el reglamento, Jeanine Añez se proclamó presidente de la Cámara de Senadores y luego también sin el quórum en el recinto de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Añez se declaró presidenta interina del Estado, ingresó a Palacio Quemado y un militar le colocó la banda presidencial y le entregó el bastón de mando”, si esto no es un Golpe de Estado, qué más pruebas podemos pedir, señaló la primera autoridad de Estado.

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