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Trópico de Cochabamba denuncia al Gobierno de Añez ante la CIDH y la ONU por atropello de sus derechos

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Autoridades del Trópico de Cochabamba, a la cabeza de Andrónico Rodríguez, informaron este martes que están elevando denuncias contra el Gobierno de Bolivia ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por “la extrema vulneración de derechos en la región del Trópico de Cochabamba y en Bolivia”.

El dirigente y candidato a senador por el MAS en Cochabamba, Señaló que en el país se ha criminalizado la solidaridad y la cuarentena se ha judicializado.

“Tal parece que el gobierno tiene un fin político, para lo cual utiliza la justicia. Ahora todo es amenaza, amedrentamiento, procesos y más procesos penales. Le decimos a los señores del Gobierno: la cuarentena se aguanta con alimento y medicamento y no con amedrentamiento o con armamento”, sostuvo el dirigente.

La denuncia se da luego de que se suspendiera el servicio bancario y el pago de bonos en esa región del Chapare, por parte de la ASFI, que argumentó una supuesta falta de seguridad, tras que se expulsara a policías de Shinahota; y tras que se suspendiera también el abastecimiento de combustibles, donde la ANH argumentó que había problemas técnicos del sistema B-Sisa para el Chapare y otras regiones del país.

También en las últimas horas el Trópico sufrió la detención de una delegación del Chapare que llevó alimentos solidariamente a Chuquisaca. Esa comitiva fue acusada de evadir supuestamente controles y no tener el permiso de circulación nacional, por lo cual la justicia determinó arresto domiciliario para sus cuatro integrantes.

Andrónico dijo que el Trópico reparte alimentos justamente para que la gente cumpla con la cuarentena, pero el Gobierno impide repartir los productos para la gente que más necesita y en ese afán viola sus derechos.

Por su parte la alcaldesa de Shinahota, Matilde Campos, manifestó que en su municipio son más de 20 mil habitantes y que la expulsión de los policías no fue protagonizada por toda su ciudadanía.

La autoridad sostuvo que la falta de combustibles afecta a las ambulancias impidiendo que atiendan emergencias, pero también a productores como piscicultores que no pueden obtener el carburante para bombear las piscinas. Pidió que el Gobierno reflexione.

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